Fernando Campos Cardosa - Consecuencias iniciales

Las primeras consecuencias de la elección judicial

Por: Fernando Campos Cardosa (@JFCamposC)

En el paisaje judicial de México, algo empieza a quebrarse. La promesa de una justicia más democrática y accesible se ha transformado, ante nuestros ojos, en una pesadilla de improvisación, intereses políticos y justicia selectiva. La reforma judicial, berrincheimpulsado con una contundencia que dejó poco espacio para el debate técnico, está mostrando sus primeras y peligrosas consecuencias: la llegada de perfiles poco preparados a los juzgados y la consolidación de un sistema donde la justicia parece tener dueño.

La idea sonaba poderosa en teoría y así lo quisieron vender: llevar a las urnas la elección de quienes imparten justicia. ¿Qué podría ser más democrático? Pero entre el discurso y la realidad se abrió un abismo que hoy estamos pagando.

La reforma constitucional de 2024, aprobada con una fuerza legislativa que marginó la deliberación técnica, partió de una premisa peligrosa y falaz: asumir que los jueces electos tendrían más legitimidad por el simple hecho de ser votados, ignorando que lo que realmente legitima a un juzgador es su capacidad, profesionalismo e independencia.

Las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025 confirmaron los peores temores. Con una participación ciudadana históricamente baja, el proceso quedó en manos de minorías organizadas que distribuyeron instructivos con los números de candidaturas afines al gobierno. Una fracción mínima del padrón electoral decidió quiénes juzgarían los conflictos de toda una nación.

Uno de los costos menos visibles pero más devastadores ha sido la pérdida brutal de capital humano. Jueces y magistrados con años de experiencia han sido desplazados para dar paso a un nuevo modelo que privilegia la lealtad sobre la capacidad.

El mecanismo de selección resultó particularmente defectuoso. Los comités de evaluación operaron extrañamente, con metodologías distintas y sin reglas comunes de transparencia y objetividad. Además, el sorteo para definir las candidaturas finales significó que no necesariamente las personas más calificadas tuvieran oportunidad de competir.

El resultado es que una elección judicial está sujeta a procesos de movilización política que pueden tener (y aparentemente ya comienza a ser visible) el efecto de llevar a esos cargos a personas afines al poder político dominante en turno y no a aquellas realmente comprometidas con la justicia.

El diseño de la elección creó una tormenta perfecta para el desastre. Los ciudadanos se enfrentaron a la tarea imposible de elegir entre miles de candidatos para cientos de cargos federales y estatales. El organismo electoral sólo pudo implementar un portal con los currículos de los aspirantes, insuficiente para una decisión tan relevante.

Mientras tanto, al no existir reglas claras, quienes tenían redes de apoyo, recursos económicos suficientes o vínculos con élites políticas podían darse a conocer ampliamente, creando una ventaja insuperable para los candidatos con conexiones políticas.

Llama la atención por paradigmático, un caso reciente en Durango, en el que la asimetría de poder y la falta de pericia judicial en medio de un juicio, parace ilustrar de manera perfecta el cómo opera la justicia selectiva cuando el poder político se entrelaza con el sistema judicial.

El caso comienza cuando se hacen públicas acusaciones por violencia familiar y de génerohacia un Diputado Local en funciones. La respuesta del sistema fue reveladora: en lugar de investigar las acusaciones de violencia, el diputado, que cuenta con fuero y conexiones políticas, logró revertir la narrativa y colocar a su exesposa en el banquillo de las acusadas, ahora por presunto chantaje.

Lo que debería ser un proceso con perspectiva de género muestra rasgos preocupantes de violencia institucional. La última audiencia se realizó de manera privada a petición del diputado, y colectivas feministas que se manifestaron exigiendo transparencia encontraron sus demandas ignoradas. Se agrega el hecho de que, curiosamente, ningún medio local ha cubierto el caso.

Este caso ilustra una realidad que muchas mujeres enfrentan en México: cuando acusan a un hombre poderoso, la balanza judicial suele inclinarse en su contra y tanto lo que dicen como lo que callan, puede ser usado en su contra, tal y como se lo expresó la jueza a la imputada en una de las primeras audiencias. No, a esto no se le puede llamar justicia, estamos ante un modelo judicial que todavía opera con sesgos profundamente arraigados y al que ahora se le suman personas sin los conocimientos adecuados para enfrentar casos de esta relevancia.

El panorama que nos espera

Las consecuencias de esta experimentación judicial apenas comienzan a vislumbrarse. Tendremos un Poder Judicial más debilitado, con menor independencia, capacidad y apertura, capturado por intereses políticos y grupos fácticos. Jueces y magistrados sin la preparación, visión, compromiso, ni experiencia suficientes para hacer valer la ley y los derechos humanos.

La función contramayoritaria del juzgador, esencial en cualquier democracia, queda gravemente comprometida. Los nuevos jueces, consciente o inconscientemente, tenderán a alinearse con opiniones mayoritarias o populares para aumentar sus probabilidades de permanencia, aunque estas opiniones sean contrarias al derecho. Las minorías quedarán desprotegidas.

Al observar el caso de Durango y el diseño general de la reforma, la pregunta que surge es fundamental: ¿queremos una justicia independiente o una justicia servil?

La comunidad internacional ha sido categórica en no recomendar que este tipo de mecanismo sea adoptado por otros países de la región. El mensaje es claro: lo que está ocurriendo en México debería servir como advertencia, no como modelo.

Como sociedad nos enfrentamos a un riesgo tremendo: que la justicia se convierta en instrumento del poder en lugar de contrapeso frente a él. Si el resultado de la reforma nos coloca en ese sitio, como sociedad habremos perdido una batalla muy importante respecto a la consolidación del Estado Constitucional de Derecho.

El caso de la persona en Durango y su poderoso acusador es el síntoma de un sistema que está eligiendo servir al poder político en lugar de administrar justicia. Y cuando la justicia tiene dueño, todos nosotros, especialmente los más vulnerables, perdemos algo fundamental: la esperanza de que las leyes nos protejan por igual, sin importar quiénes somos o contra quién nos enfrentamos.