Urnas de humo: la carísima simulación de la elección judicial.
Por: Fernando Campos Cardosa (@JFCamposC)
El próximo 1º de junio se consumará, a través de varias boletas complicadísimas y tras una lluvia de spots patrioteros, el montaje más costoso en nuestra era de simulaciones. Después de la revocación de mandato de cartón, la consulta para “enjuiciar” a expresidentes y la rifa de un avión que nunca despegó, aterriza ahora la “elección judicial”: un espectáculo que engulle recursos públicos para legitimar una decisión ya tomada.
La promesa parecía revolucionaria: llevar las togas al sufragio y dejar que la ciudadanía decida quién impartiría justicia en las más altas esferas. Morena lo vendió como la coronación de un poder del pueblo sobre los tribunales. Incluso presumieron que la presidenta, a quien la ley ya le confería la facultad de nombrar a tres ministras o ministros de la Suprema Corte, renunciaría galantemente a ese privilegio para que fuera la gente quien escogiera. Democracia pura, dirían sus aplaudidores.
Hoy que se acerca el día “D”, conocemos ya la letra chiquita. Con la reforma al Poder Judicial, Sheinbaum no sólo dejará de nombrar tres integrantes de la Suprema Corte; ahora tendrá bajo su sombra la elección, este mismo año, de nueve ministras y ministros de la SCJN, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, quince en sus Salas Regionales, cinco magistraturas del flamante nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. ¿renunciar a tres para influir en casi mil? Vaya ofertón: cedes una moneda y regresas con el banco.
El truco está en el diseño de los filtros. Morena se aseguró de que la lista de candidatas y candidatos provenga, en su aplastante mayoría, de una cantera afín al poder, y quien ose colarse sin ese padrinazgo recibirá un recordatorio rápido de la disciplina partidista: para eso está el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que será integrado (vaya coincidencia) por personas cercanas al oficialismo. Así, cualquiera que desentone con la línea se expone a sanciones, suspensiones o a la muerte civil que implica ser etiquetado como enemigo de la transformación. Excelente manera de fabricar lealtad preventiva.
La sospecha se agrava cuando descubrimos que ya no serán los ciudadanos quienes cuenten los votos, sino un INE que ahora de autónomo sólo tiene su mandato constitucional. Quien se pregunte por la cadena de custodia de la voluntad popular hallará una cadena, sí, pero de mando partidista.
Durango es el capítulo perfecto para ilustrar esta sitcom: 49 nombres en la boleta para 49 posiciones. Si alguna vez jugaron el juego de las sillas, sabrán que el chiste está en dejar faltantes. Aquí, todos los participantes tienen silla antes de que empiece la canción. Quien crea que el voto popular elegirá, en realidad sólo marcará formalmente un reparto ya negociado.
Pero las irregularidades arrancan desde los comités de evaluación. De los tres que debían revisar méritos y trayectorias, dos quedaron copados por militantes o simpatizantes morenistas y el único que conservaba algún respiro de pluralidad fue sustituido, sin pudor, por uno de los dos primeros. Resultado: los dictámenes se entregaron a puerta cerrada y con criterios de selección opacos y que cambiaron sobre la marcha. Se reprobó a perfiles con décadas de carrera jurisdiccional mientras se aplaudió a recién llegados cuya credencial más llamativa fue la lealtad incondicional.
¿Quién paga la factura? Primero, la ciudadanía. Un proceso de esta magnitud exige campañas, logística, capacitación y materiales electorales específicos para cada cargo. El costo estimado superará, según proyecciones preliminares, lo gastado en las algunas elecciones intermedias de varias entidades juntas. Recursos que podrían destinarse a juzgados colapsados, defensorías públicas o tecnología forense van a terminar financiando boletos para un show con final ya escrito.
Segundo, la independencia judicial: una judicatura elegida con padrinazgo partidista arriesga su legitimidad. Los jueces que aspiren a reelegirse, o simplemente a conservar su tranquilidad, sabrán de antemano a quién deben agradar. El mensaje es claro: desviarse de la línea trae consecuencias. Paradójicamente, el argumento central de Morena era “devolver el Poder Judicial al pueblo”. Lo que veremos, en cambio, es a jueces devolviendo favores a la élite que confeccionó las listas.
Tercero, la confianza internacional. México ha presumido tratados, inversiones y cooperación multinacional fundada en el principio de certeza jurídica. ¿Cómo explicar a socios y mercados que la independencia de los tribunales descansa en la popularidad de aspirantes que ni siquiera hicieron campaña real, sino que fueron endosados en bloque por un movimiento que no deja margen a voces disidentes?
Hay, además, un daño cultural. Durante años, la carrera judicial estuvo regulada por exámenes de oposición y escalafones meritocráticos. Eran perfectibles, sí, pero tenían al menos la intención de blindar los nombramientos frente a presiones políticas. Ahora, esos años de estudio, sentencias y tesis van a quedar eclipsados por el aplausómetro partidista. El mensaje para el estudiante de derecho que sueña con impartir justicia es demoledor: la lealtad vale más que la solvencia técnica.
Quienes defienden la reforma insisten en que “el pueblo sabio no se equivoca”. El problema es que este pueblo no seleccionó a las y los aspirantes, ni diseñó los filtros, ni controla al tribunal que podrá destituirlos. Votará sí, pero votará sobre opciones escogidas con criterio de conveniencia política. Hablar de soberanía popular bajo esas condiciones es como llamar banquete a una cena donde el menú ya viene servido y la cuenta está cargada de antemano a los comensales.
La elección judicial que se avecina no reforzará la democracia; la adornará con un barniz participativo para ocultar un pacto de concentración de poder sin precedentes. Nos venden la idea de un árbitro neutral cuando en realidad tiran las redes para capturar a la propia justicia. Y esa captura, a diferencia de los costos presupuestales, no se mide en pesos: se mide en libertades, en contrapesos perdidos, en décadas de institucionalidad erosionada.
Llegado el cierre, confieso: no voy a votar. No pienso legitimar con mi participación una farsa cuyo desenlace se escribió en los pasillos de Palacio Nacional. Porque cuando los aplausos se apaguen y las boletas acaben en la basura, quedará un Poder Judicial rehén de quien controla los hilos partidistas y yo, no pienso abonarlo con mi huella entintada.